De un tiempo a esta parte, me llama más la atención el aspecto estético que el aspecto ético de la retahíla de escándalos políticos que exportamos bajo la marca España. No es una cuestión menor. Desde que Benjamin hablase de la estetización de la política a propósito del auge del fascismo, no hemos dejado de analizar la pérdida de protagonismo del discurso y la ideología en favor de puestas en escena y repertorios simbólicos cada vez más complejos. "Todo está medido, no hay lugar para la improvisación". Por eso sorprende -en parte- que llevemos semanas sumidos en un vodevil barato: todólogas-pop inexistentes, políticos reconvertidos en marchantes que multiplican panes y peces, chicas Bond en la Zarzuela, duques injustamente empobrecidos...
Nuestra democracia está repleta de episodios bochornosos, no vamos a descubrir América, pero creo que ciertas cuestiones que podríamos considerar formales dicen mucho de la deriva que está tomando la situación actual. Al fin y al cabo, el ejercicio "institucional" de la política exige capacidad para salvar las apariencias bajo cualquier circunstancia. Horas después de perder dos millones de votos en unas elecciones, repatriando cadáveres o recortando en sanidad, el espectáculo debe continuar de tal forma que siempre haya lugar para transmitir un mensaje de legitimidad. Si pierdes, vas a trabajar por defender políticas que abandonaste cuando gobernabas; si no has cumplido tus promesas, has cumplido con tu deber... Y así hasta el hastío.
Abuso del símil, pero todo espacio político es un espacio teatral, que como tal requiere tanto de la suspensión de la incredulidad por parte del ciudadano-espectador, como de la supresión del pasado en sentido histórico (ya que todo se reduce a lo reciente o lo inmediato de la escena). Existe un pacto tácito por el cual aceptamos cualquier desliz o ultraje siempre que no exponga o altere el equilibrio ficcional, esto es, siempre que preserve la verosimilitud de la representación. Aquí radica el sustento de la corrupción institucionalizada: es posible amputar un miembro para salvar el cuerpo, admitir un supuesto error para utilizarlo como muestra inequívoca de integridad. En el ámbito de la política, como en el del arte, la autocrítica blinda frente a la crítica exógena. "Los corruptos son expulsados, luego entonces los que estamos dentro estamos limpios", "la justicia funciona", "tolerancia cero", "ovejas negras", falibilidad humana... ¿No es acaso el juego del personaje creado (voluntaria o involuntariamente) por (¿para?) Beatriz Talegón?
"Incluso yo puedo alzar mi voz aquí contra vosotros" (¡ah, la semántica!), ergo el sistema funciona. No digo que invalide los demás, pero ése es sin duda el mensaje último de su discurso.
¿Qué ha ocurrido recientemente? Que nos hemos despertado en cueros y sin atrezzo: el poder ha perdido hasta la necesidad de guardar las apariencias. Ya todo vale. Por eso surge un personaje fascinante, el de Luis Bárcenas, quien ante el frontón de lo inverosímil ("ese señor pasaba por aquí, a mí que me registren"), redobló su apuesta con sendas denuncias por despido improcedente y por maltrato. Qué genialidad, qué capacidad para anular el efecto ilusorio de la disculpa política. Eso sí es dinamitar el escenario. Enfrentar la dialéctica del poder a sus propios términos la desnuda. ¿Y después? La apoteosis de la "indemnización en diferido en forma de simulación", que viene siendo admitir que ya no hay discurso alguno... ni entre bastidores ni de cara al público.
Bárcenas no lo sabe, pero es un auténtico apóstol de la guerrilla de la comunicación. Pocos están en condiciones de aplicar el principio de la sobreidentificación tan eficazmente como él.
Su actitud constata la descomposición de un determinado orden estético, hasta el punto de que ya no nos parece tan ofensivo el hecho de que se nos robe (y cuando conjugo "robar" hablo tanto de recursos materiales como inmateriales) como la falta de disimulo y compostura con que se nos roba. El cómo.
En cuanto a la nueva poética, puede ser entendida a partir de la entrada de la lisérgica escena política española en el universo posmoderno (ya no le viene grande la etiqueta pospolítica). Aunque también cabe pensar en un pintoresco regreso al pasado: si lo de Grillo se explica echando mano de la Comedia del Arte, la gravedad con que nuestros gerifaltes se presentan a sí mismos remite al esperpento valleinclanesco. "Enanos y patizambos que juegan una tragedia". Y tanto. Nos queda el consuelo de pensar que, mal por mal, es preferible la estética de nuestra extravagancia congénita a otra que también parece regresar: la de la pulcritud fascista.
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lunes, 11 de marzo de 2013
lunes, 21 de enero de 2013
Videocracia
Una más de ficción política.
"Los que creen que el mundo no es un contubernio es que están mal informados".
Roberto Alfa
"Los que creen que el mundo no es un contubernio es que están mal informados".
Roberto Alfa
martes, 8 de enero de 2013
Académicos
Después de romperse los cuernos durante meses para intentar sacar de la calle a un grupo de estudiantes abocados al tráfico de drogas,
"Bunny" Colvin y David Parenti se dan de bruces con la irracionalidad estadística de la administración pública, para la que sólo existen exámenes y porcentajes.
Menos mal que siempre les quedará la academia...
(Por cierto, alguien se ha tomado la molestia de transcribir y traducir este último vídeo).
"Bunny" Colvin y David Parenti se dan de bruces con la irracionalidad estadística de la administración pública, para la que sólo existen exámenes y porcentajes.
Menos mal que siempre les quedará la academia...
(Por cierto, alguien se ha tomado la molestia de transcribir y traducir este último vídeo).
sábado, 5 de enero de 2013
La normalidad
Una de las cosas que más me ha llamado la atención del furor caritativo navideño es su compromiso con la difícil situación que atraviesa en nuestro país la "gente normal": profesores, periodistas, médicos, empleados públicos... perfiles que no estamos acostumbrados a asociar a términos como "hambre", "paro" o "desahucio" -habitualmente reservados para inmigrantes, yonquis, familias disfuncionales, gente de costumbres disolutas, rojos haraganes... ciudadanos de segunda en general, vaya-.
Los relatos sobre sus desgracias suenan a testimonio de vecino de homicida, cambiando el "era un chico normal, siempre daba los buenos días" por "es una mujer muy responsable", "son una familia muy unida" o un más específico "nunca habían tenido deudas ni se les conocían vicios". Su drama sobreviene, como es costumbre, "de la noche a la mañana" y "sin previo aviso".
Hay una forma de interpretar esta actitud que entiendo mayoritaria y, sobre el papel, irreprochable: crear conciencia social sobre el alcance de la crisis económica, la arbitrariedad de sus efectos y la necesidad de intervención estatal. Pero hay una segunda lectura más problemática, en la medida en que recalcar lo extraordinario de la coyuntura actual supone, en cierto modo, dar por buena la precedente -de ahí que se insista tanto en la urgencia de aprobar medidas, recortes y leyes "provisionales"; de ahí que hasta los empresarios que presumían de infalibilidad admitan sin pudor sus fracasos, atribuibles ahora a imponderables-. Toda definición de anormalidad requiere un referente de normalidad; por eso, de acuerdo con el discurso oficial, lo que vemos no son las podridas entrañas del sistema, sino una desafortunada anomalía. Que a largo plazo nos terminen vendiendo la necesidad de cronificar la austeridad para volver al equilibrio es consecuencia, precisamente, de este planteamiento.
Frente a la opción de cuestionar un sistema político-económico por su naturaleza violenta, se impone la de dar por buena su formulación "ideal", ésa que durante años permitió a una amplia mayoría -de gente normal- disfrutar de un "buen nivel de vida" mientras los pobres -inadaptados y vagos por definición- hurgaban en la basura figurada y literal. A nadie se le escapa la diferencia entre presentar la crisis como una intensificación de las desigualdades y miserias inherentes al sistema económico y exponerla como el resultado de ciertas alteraciones y errores humanos dentro de un modelo que funciona -o, en su defecto, como parte de sus ciclos sistémicos, supuestos paréntesis necesarios para garantizar una continuidad de bonanza-.
La prevalencia de esta segunda opción explica que sorprenda algo tan connatural al capitalismo como la marginalidad, que por si fuera poco parece quedar sepultada bajo nuestra obsesión cuantificadora. Al poner el acento en la cifras -cinco millones de parados, 25% de la población activa, 58.000 desahucios...-, desplazamos la atención desde la naturaleza del problema hacia su magnitud: aceptar que la pobreza comporte abandono, indigencia y exclusión mientras sea minoritaria sólo demuestra nuestro fracaso como sociedad y nuestra miseria moral.
La tarea no es, por tanto, restaurar el estado del bienestar ni reivindicar una idea imprecisa de éste en el plano simbólico, sino crearlo.
Los relatos sobre sus desgracias suenan a testimonio de vecino de homicida, cambiando el "era un chico normal, siempre daba los buenos días" por "es una mujer muy responsable", "son una familia muy unida" o un más específico "nunca habían tenido deudas ni se les conocían vicios". Su drama sobreviene, como es costumbre, "de la noche a la mañana" y "sin previo aviso".
Hay una forma de interpretar esta actitud que entiendo mayoritaria y, sobre el papel, irreprochable: crear conciencia social sobre el alcance de la crisis económica, la arbitrariedad de sus efectos y la necesidad de intervención estatal. Pero hay una segunda lectura más problemática, en la medida en que recalcar lo extraordinario de la coyuntura actual supone, en cierto modo, dar por buena la precedente -de ahí que se insista tanto en la urgencia de aprobar medidas, recortes y leyes "provisionales"; de ahí que hasta los empresarios que presumían de infalibilidad admitan sin pudor sus fracasos, atribuibles ahora a imponderables-. Toda definición de anormalidad requiere un referente de normalidad; por eso, de acuerdo con el discurso oficial, lo que vemos no son las podridas entrañas del sistema, sino una desafortunada anomalía. Que a largo plazo nos terminen vendiendo la necesidad de cronificar la austeridad para volver al equilibrio es consecuencia, precisamente, de este planteamiento.
Frente a la opción de cuestionar un sistema político-económico por su naturaleza violenta, se impone la de dar por buena su formulación "ideal", ésa que durante años permitió a una amplia mayoría -de gente normal- disfrutar de un "buen nivel de vida" mientras los pobres -inadaptados y vagos por definición- hurgaban en la basura figurada y literal. A nadie se le escapa la diferencia entre presentar la crisis como una intensificación de las desigualdades y miserias inherentes al sistema económico y exponerla como el resultado de ciertas alteraciones y errores humanos dentro de un modelo que funciona -o, en su defecto, como parte de sus ciclos sistémicos, supuestos paréntesis necesarios para garantizar una continuidad de bonanza-.
La prevalencia de esta segunda opción explica que sorprenda algo tan connatural al capitalismo como la marginalidad, que por si fuera poco parece quedar sepultada bajo nuestra obsesión cuantificadora. Al poner el acento en la cifras -cinco millones de parados, 25% de la población activa, 58.000 desahucios...-, desplazamos la atención desde la naturaleza del problema hacia su magnitud: aceptar que la pobreza comporte abandono, indigencia y exclusión mientras sea minoritaria sólo demuestra nuestro fracaso como sociedad y nuestra miseria moral.
La tarea no es, por tanto, restaurar el estado del bienestar ni reivindicar una idea imprecisa de éste en el plano simbólico, sino crearlo.
jueves, 22 de noviembre de 2012
El factor cultural
¿Existe en España una cultura de incumplir la Ley?, se pregunta en ¿Hay derecho? Alberto Gil. Y como cada vez que alguien hurga en esa llaga, surge una réplica contradictoria: "la culpa no es de la cultura, es de la legislación / instituciones / mercado laboral". Contradictoria, insisto, porque las instituciones, la legislación y el mercado laboral son, hasta donde sé, consecuencia y causa de una determinada cultura. Ni nacen por generación espontánea ni se estructuran a partir de principios aleatorios, y nadie duda de que determinan hábitos, preferencias, actitudes y relaciones sociales, moldeando en gran medida nuestra mentalidad.
Lo cierto es que no creo que haya gente que opine, literalmente, que estas estructuras sean ajenas a la realidad en que son concebidas. Lo que sí creo es que hay importantes divergencias y malentendidos a la hora de trabajar con algunos conceptos. Observo, por ejemplo, que muchos de los que reniegan de las lecturas en clave cultural lo hacen tras interpretarlas -por extraño que parezca- como posturas innatistas o incluso deterministas ("no somos vagos", "no estamos condenados a hacer las cosas mal"...), como si en vez de hablar de un problema cultural hablásemos de un problema genético o de la voluntad divina. La realidad es que cuando hablamos de nuestra cultura no hablamos de ser imbéciles congénitos, ni de tener menos capacidad para la realización de ciertas tareas o el cumplimiento de ciertos preceptos que nuestros homólogos alemanes o finlandeses. Cuando hablamos de nuestra cultura nos referimos, precisamente, a cómo una suma de procesos históricos, en un contexto geopolítico determinado, con una serie de recursos e infraestructuras específicas, han configurado ciertas actitudes o predisposiciones. Dicho de otro modo: esas instituciones y legislaciones a las que continuamente apelan algunos son parte esencial de nuestra cultura, cuyo pasado explican y cuyo futuro determinan -junto a otros factores y estructuras sociales, como es lógico-.
Pensaba en esto, el lunes, mientras veía una recomendable sesión de Thinkcommons en la que Jaron Rowan abordaba la cuestión del análisis del discurso, mostrando algunas formas de construcción histórica del lenguaje y el imaginario colectivo, cuya composición y usos específicos resultan de contextos e intereses muy concretos. En este sentido, se trata de estructuras capaces de definir nuestra forma de percibir el mundo, de condicionar nuestros modos de relación e intercambio y de normalizar ciertas posturas y opiniones -en detrimento de otras, huelga decirlo-.
Son ideas que, creo, ayudan a entender que ciertas discusiones -pongamos por caso la planteada en torno a la "legitimidad de la ley como base de su cumplimiento"- no sólo no pueden ser tratadas sin atender a cuestiones culturales sino que plantean, esencialmente, análisis de tipo cultural. Porque la percepción de legitimidad de la ley es cultural, como el juicio que emitimos sobre la pertinencia de pagar o dejar de pagar un tributo o el rango de normalidad o anormalidad que atribuimos a ciertas conductas. Al fin y al cabo, y aunque sea importante hablar de la hipertrofia legislativa, un marco legal disparatado influirá, pero nunca explicará por sí solo la mayor o menor predisposición al pago del contribuyente, su idea sobre la necesidad (o no) de redistribuir la riqueza o su sentido de responsabilidad social.
Es relativamente fácil legislar y habilitar mecanismos para garantizar el cumplimiento de ciertas leyes, lo difícil, como comentaba en mi anterior entrada, es modificar la percepción social a propósito de las situaciones que éstas regulan. Primero porque uno puede actuar en contra de su propio criterio sin cuestionarlo -por diferentes motivos, como el temor ante una hipotética sanción o el interés ante un posible incentivo-; y segundo porque un determinado código legal no provoca un reset inmediato en nuestras mentes, como algunos creen, aunque sí pueda generar transformaciones culturales a medio o -más comúnmente- largo plazo.
A corto plazo tienes las cifras, claro. Puedes, por ejemplo, convocar ayudas o promulgar leyes para combatir la discriminación laboral. No discuto que, con la contundencia y enfoque adecuados, es probable que la estadística te sea propicia desde el primer día... pero que amanezcamos en una España igualitaria de la noche a la mañana se antoja complicado. A lo sumo, la presencia permanente de colectivos discriminados en puestos de responsabilidad contribuiría a normalizar este hecho socialmente. Y precisamente por ello, si el argumento es legislar para modificar esquemas perceptivos y patrones culturales, me sumo, siempre con la convicción de que son necesarias medidas políticas complementarias, fundamentalmente de tipo educativo -y no sólo en términos formales-.
En cualquier caso, habría que ir bastante más lejos y prestar atención a muchos más condicionantes, algo que no es en absoluto el propósito de esta entrada. Simplemente he querido constatar la necesidad de tener siempre presente el factor cultural, que dista mucho de ser una "bobada", por mucho Roger Senserrich diga lo contrario. Las reiteradas alusiones de este y otros autores a las deficiencias de nuestro sistema legal o su aparato burocrático son necesarias... siempre que se tenga en cuenta la clara la relación entre una determinada arquitectura legal y la cultura que la produce y en que se inserta. La cultura, no el folclore... pero ésa es otra historia.
Lo cierto es que no creo que haya gente que opine, literalmente, que estas estructuras sean ajenas a la realidad en que son concebidas. Lo que sí creo es que hay importantes divergencias y malentendidos a la hora de trabajar con algunos conceptos. Observo, por ejemplo, que muchos de los que reniegan de las lecturas en clave cultural lo hacen tras interpretarlas -por extraño que parezca- como posturas innatistas o incluso deterministas ("no somos vagos", "no estamos condenados a hacer las cosas mal"...), como si en vez de hablar de un problema cultural hablásemos de un problema genético o de la voluntad divina. La realidad es que cuando hablamos de nuestra cultura no hablamos de ser imbéciles congénitos, ni de tener menos capacidad para la realización de ciertas tareas o el cumplimiento de ciertos preceptos que nuestros homólogos alemanes o finlandeses. Cuando hablamos de nuestra cultura nos referimos, precisamente, a cómo una suma de procesos históricos, en un contexto geopolítico determinado, con una serie de recursos e infraestructuras específicas, han configurado ciertas actitudes o predisposiciones. Dicho de otro modo: esas instituciones y legislaciones a las que continuamente apelan algunos son parte esencial de nuestra cultura, cuyo pasado explican y cuyo futuro determinan -junto a otros factores y estructuras sociales, como es lógico-.
Pensaba en esto, el lunes, mientras veía una recomendable sesión de Thinkcommons en la que Jaron Rowan abordaba la cuestión del análisis del discurso, mostrando algunas formas de construcción histórica del lenguaje y el imaginario colectivo, cuya composición y usos específicos resultan de contextos e intereses muy concretos. En este sentido, se trata de estructuras capaces de definir nuestra forma de percibir el mundo, de condicionar nuestros modos de relación e intercambio y de normalizar ciertas posturas y opiniones -en detrimento de otras, huelga decirlo-.
Son ideas que, creo, ayudan a entender que ciertas discusiones -pongamos por caso la planteada en torno a la "legitimidad de la ley como base de su cumplimiento"- no sólo no pueden ser tratadas sin atender a cuestiones culturales sino que plantean, esencialmente, análisis de tipo cultural. Porque la percepción de legitimidad de la ley es cultural, como el juicio que emitimos sobre la pertinencia de pagar o dejar de pagar un tributo o el rango de normalidad o anormalidad que atribuimos a ciertas conductas. Al fin y al cabo, y aunque sea importante hablar de la hipertrofia legislativa, un marco legal disparatado influirá, pero nunca explicará por sí solo la mayor o menor predisposición al pago del contribuyente, su idea sobre la necesidad (o no) de redistribuir la riqueza o su sentido de responsabilidad social.
Es relativamente fácil legislar y habilitar mecanismos para garantizar el cumplimiento de ciertas leyes, lo difícil, como comentaba en mi anterior entrada, es modificar la percepción social a propósito de las situaciones que éstas regulan. Primero porque uno puede actuar en contra de su propio criterio sin cuestionarlo -por diferentes motivos, como el temor ante una hipotética sanción o el interés ante un posible incentivo-; y segundo porque un determinado código legal no provoca un reset inmediato en nuestras mentes, como algunos creen, aunque sí pueda generar transformaciones culturales a medio o -más comúnmente- largo plazo.
A corto plazo tienes las cifras, claro. Puedes, por ejemplo, convocar ayudas o promulgar leyes para combatir la discriminación laboral. No discuto que, con la contundencia y enfoque adecuados, es probable que la estadística te sea propicia desde el primer día... pero que amanezcamos en una España igualitaria de la noche a la mañana se antoja complicado. A lo sumo, la presencia permanente de colectivos discriminados en puestos de responsabilidad contribuiría a normalizar este hecho socialmente. Y precisamente por ello, si el argumento es legislar para modificar esquemas perceptivos y patrones culturales, me sumo, siempre con la convicción de que son necesarias medidas políticas complementarias, fundamentalmente de tipo educativo -y no sólo en términos formales-.
En cualquier caso, habría que ir bastante más lejos y prestar atención a muchos más condicionantes, algo que no es en absoluto el propósito de esta entrada. Simplemente he querido constatar la necesidad de tener siempre presente el factor cultural, que dista mucho de ser una "bobada", por mucho Roger Senserrich diga lo contrario. Las reiteradas alusiones de este y otros autores a las deficiencias de nuestro sistema legal o su aparato burocrático son necesarias... siempre que se tenga en cuenta la clara la relación entre una determinada arquitectura legal y la cultura que la produce y en que se inserta. La cultura, no el folclore... pero ésa es otra historia.
miércoles, 14 de noviembre de 2012
Teatro
Ayer por la noche, haciendo zapping dormitivo, me encontré en Correo tv con una señora que hablaba con esmero sobre las actitudes y aptitudes necesarias para triunfar en el fascinante mundo de las entrevistas laborales. Le dediqué el tiempo suficiente como para apreciar que se detenía en los pequeños detalles del asunto: la forma correcta de ofrecer la mano al saludar, el lenguaje corporal, la importancia de transmitir valores y cualidades más allá del currículo... Conociendo como conozco de primera mano el funcionamiento de varios departamentos de recursos humanos y de consultoras especializadas, me llamó la atención -hasta cierto punto, tampoco es que esperase nada profundo- que no mencionase ni por asomo muchos de los factores que suelen determinar los procesos de selección: preferencias personales, prejuicios y humor del entrevistador, incapacidad para diferenciar formación y experiencia de acreditaciones académicas y profesionales, falsedad documental, mala definición del perfil requerido, complejos y temores personales por parte de los responsables de la empresa contratante, discriminación no explícita por razón de género y/o edad, aplicación severa de filtros poco racionales con objeto de reducir el número de candidatos, aversión hacia la sobrecualificación, nepotismo, caciquismo, endogamia, arbitrariedad, concursos a medida, baremos tendenciosos, intereses políticos, sexismo... Ignorando abiertamente todos estos temas, la clave del funcionamiento del mercado laboral se reducía a cuestiones de forma, a aspectos puramente epidérmicos.
Se trata de un mecanismo propio del espectáculo (debordiano, como siempre en este blog): subsumir la realidad en su representación, diluir problemáticas sistémicas en enfrentamientos circunstanciales e inocuos con objeto de mermar nuestra capacidad de intervención política. No encontramos trabajo porque no sabemos dar la mano, porque no tenemos una sonrisa profident, porque no dominamos la etiqueta o porque no demostramos ser "dinámicos y proactivos". El mensaje es claro: el sistema funciona. Y no se admite retórica alguna a propósito de la (falta de) igualdad de oportunidades, de las asimetrías socioeconómicas o del azar. "Éxito" y "fracaso" no son conceptos ambiguos, son realidades que te definen... y que dependen de ti.
Interiorizar este tipo de discurso implica asumir los síntomas como causas y no profundizar en las estructuras que determinan los modos efectivos de organización social. En el momento en que aceptamos representarnos o percibirnos dentro de los límites que el sistema establece, nuestra fuerza política se reduce a cero. Y esto, que ocurre con algo tan aparentemente banal como una entrevista de trabajo, también ocurre con los procesos electorales, con los debates parlamentarios, con los medios de comunicación... y, cómo no, con este 14N tan estéril como bienintencionado, con esta nueva función teatral que nos asfixia con su caduco reparto: trabajadores, sindicatos, piquetes, patronal, gobierno, recortes, superioridad moral de los voceros de la rebeldía institucionalizada, desahucios -cualquiera podría pensar que empezaron en 2011, por cierto-, izquierda, derecha y una retahíla de frases hechas y argumentarios resobados. En lo que al lenguaje concierne, ni hay revolución ni se la espera. Mal comienzo.
¿Qué queda, pues? Protestar, cándidamente, respetando las reglas del juego (¿de qué me suena? Tal vez de ese -genérico- enfant terrible que grafitea sus reivindicaciones en las paredes virginales del museo). Caer en todas y cada una de las provocaciones, consumirnos en todas y cada una de las batallas, superficiales, que se nos presentan: desde las tertschadas hasta las discusiones sobre las cifras de seguimiento. Éstas últimas son, tal vez, la prueba más evidente de hasta qué punto nos ahogamos en la irrelevancia: ¿a quién le importan? A los que predican un cambio simbólico, imagino, necesario pero insuficiente, porque el "único" seguimiento que necesitamos es tomar conciencia de esa responsabilidad social (política) que funciona veinticuatro horas al día, trescientos sesenta y cinco días al año; ésa que nos exige no transigir; ésa que requiere informarnos e informar -denunciar si es necesario-, no caer en la complicidad con el poder establecido. Ésa, y no nuestra habitual irresponsabilidad política, dicho de otro modo.
Aceptar nuestro papel implica aceptar un guion que enfatiza lo anecdótico y entierra lo trascendente. No lo repruebo, pero no le veo sentido a protestar contra "los recortes", "los mercados" o "las políticas neoliberales", porque no dejan de ser síntomas. Síntomas de nuestra falta de soberanía, de nuestra degradación moral, de la normalización de la exclusión social, de la extrema violencia inherente a nuestro sistema económico, del fracaso de nuestras estructuras de representación política y sus correspondientes mecanismos de control, de nuestra tendencia congénita al populismo y a la opinión infundada, de nuestra incapacidad para trasladar el foco del debate desde el mesianismo independentista o los hilillos de plastilina -dos entre cientos de ejemplos- hasta cuestiones esenciales sobre la educación, la igualdad o los mecanismos de redistribución de la riqueza, entre otras muchas.
Puede que sea "mejor que nada", pero no dejo de vernos -retomando el burdo paralelismo de antes- como ese técnico en recursos humanos que te cuenta cómo debe llevarse a cabo un proceso de selección diez minutos antes de escoger a un recomendado. Esa actitud, ese fingir que no pasa nada, que reluce un mecanismo que en realidad está desvencijado, nos desorienta y nos desarma. Puede que la fotografía de la multitud, la intervención deslavazada del político de turno y una camaradería impostada nos reconforten, puede que incluso sirvan para lavar alguna conciencia, pero en el fondo refuerzan una ficción interesada. El problema es que no nos preocupa tanto la farsa como el destino de nuestro personaje, por lo que asumimos, irreflexivamente, que el espectáculo debe continuar.
Es fácil derogar leyes, lo difícil es modificar las circunstancias y razones por las que fueron promulgadas. Entre otras cosas, porque para eso hay que bajarse del escenario.
Se trata de un mecanismo propio del espectáculo (debordiano, como siempre en este blog): subsumir la realidad en su representación, diluir problemáticas sistémicas en enfrentamientos circunstanciales e inocuos con objeto de mermar nuestra capacidad de intervención política. No encontramos trabajo porque no sabemos dar la mano, porque no tenemos una sonrisa profident, porque no dominamos la etiqueta o porque no demostramos ser "dinámicos y proactivos". El mensaje es claro: el sistema funciona. Y no se admite retórica alguna a propósito de la (falta de) igualdad de oportunidades, de las asimetrías socioeconómicas o del azar. "Éxito" y "fracaso" no son conceptos ambiguos, son realidades que te definen... y que dependen de ti.
Interiorizar este tipo de discurso implica asumir los síntomas como causas y no profundizar en las estructuras que determinan los modos efectivos de organización social. En el momento en que aceptamos representarnos o percibirnos dentro de los límites que el sistema establece, nuestra fuerza política se reduce a cero. Y esto, que ocurre con algo tan aparentemente banal como una entrevista de trabajo, también ocurre con los procesos electorales, con los debates parlamentarios, con los medios de comunicación... y, cómo no, con este 14N tan estéril como bienintencionado, con esta nueva función teatral que nos asfixia con su caduco reparto: trabajadores, sindicatos, piquetes, patronal, gobierno, recortes, superioridad moral de los voceros de la rebeldía institucionalizada, desahucios -cualquiera podría pensar que empezaron en 2011, por cierto-, izquierda, derecha y una retahíla de frases hechas y argumentarios resobados. En lo que al lenguaje concierne, ni hay revolución ni se la espera. Mal comienzo.
¿Qué queda, pues? Protestar, cándidamente, respetando las reglas del juego (¿de qué me suena? Tal vez de ese -genérico- enfant terrible que grafitea sus reivindicaciones en las paredes virginales del museo). Caer en todas y cada una de las provocaciones, consumirnos en todas y cada una de las batallas, superficiales, que se nos presentan: desde las tertschadas hasta las discusiones sobre las cifras de seguimiento. Éstas últimas son, tal vez, la prueba más evidente de hasta qué punto nos ahogamos en la irrelevancia: ¿a quién le importan? A los que predican un cambio simbólico, imagino, necesario pero insuficiente, porque el "único" seguimiento que necesitamos es tomar conciencia de esa responsabilidad social (política) que funciona veinticuatro horas al día, trescientos sesenta y cinco días al año; ésa que nos exige no transigir; ésa que requiere informarnos e informar -denunciar si es necesario-, no caer en la complicidad con el poder establecido. Ésa, y no nuestra habitual irresponsabilidad política, dicho de otro modo.
Aceptar nuestro papel implica aceptar un guion que enfatiza lo anecdótico y entierra lo trascendente. No lo repruebo, pero no le veo sentido a protestar contra "los recortes", "los mercados" o "las políticas neoliberales", porque no dejan de ser síntomas. Síntomas de nuestra falta de soberanía, de nuestra degradación moral, de la normalización de la exclusión social, de la extrema violencia inherente a nuestro sistema económico, del fracaso de nuestras estructuras de representación política y sus correspondientes mecanismos de control, de nuestra tendencia congénita al populismo y a la opinión infundada, de nuestra incapacidad para trasladar el foco del debate desde el mesianismo independentista o los hilillos de plastilina -dos entre cientos de ejemplos- hasta cuestiones esenciales sobre la educación, la igualdad o los mecanismos de redistribución de la riqueza, entre otras muchas.
Puede que sea "mejor que nada", pero no dejo de vernos -retomando el burdo paralelismo de antes- como ese técnico en recursos humanos que te cuenta cómo debe llevarse a cabo un proceso de selección diez minutos antes de escoger a un recomendado. Esa actitud, ese fingir que no pasa nada, que reluce un mecanismo que en realidad está desvencijado, nos desorienta y nos desarma. Puede que la fotografía de la multitud, la intervención deslavazada del político de turno y una camaradería impostada nos reconforten, puede que incluso sirvan para lavar alguna conciencia, pero en el fondo refuerzan una ficción interesada. El problema es que no nos preocupa tanto la farsa como el destino de nuestro personaje, por lo que asumimos, irreflexivamente, que el espectáculo debe continuar.
Es fácil derogar leyes, lo difícil es modificar las circunstancias y razones por las que fueron promulgadas. Entre otras cosas, porque para eso hay que bajarse del escenario.
lunes, 16 de julio de 2012
España tiene españoles
Tenéis razón en todo excepto al decir que los sicilianos desean superarse. No harán nada por superarse, porque se creen perfectos. Su vanidad es aún más fuerte que su miseria.
Príncipe de Salina. El Gatopardo.
Si cualquier observador ajeno a nuestra situación reparase en las interminables lamentaciones de los últimos días en la tuiteresfera española, pensaría que los diputados de las Cortes Generales -nacidos por generación espontánea, para empezar- han aparecido de la nada para someter al pueblo español contra su voluntad. Por suerte o por desgracia, si en lugar de atender a nuestros llantos observase lo que realmente ocurre, advertiría algo muy evidente: el parlamento español es como es porque los españoles somos como somos.
El tema viene de lejos. Históricamente, hemos sido enfermizamente permisivos con la corrupción, el clientelismo y el nepotismo; hemos respetado las normas cuando nos convenía, tachándolas de injustas cuando no nos satisfacía su cumplimiento; hemos sorteado la ley a través de amistades e influencias siempre que hemos podido, a menudo jactándonos de ello y amparándonos en que "el mundo funciona así". Se puede ver, todavía hoy, en cualquier momento, en cualquier lugar y a cualquier nivel: en la retirada de multas, en la concesión de licencias municipales, en la obtención de permisos de obra, en las recalificaciones del suelo, en el lucro del comercio y la restauración con los indecentes excesos de las administraciones, en los administrativos que cobran su sueldo íntegro pese a trabajar la mitad de su jornada, en la evasión de impuestos, en el furtivismo, en las facturas falsas, en la creación de plazas innecesarias en ayuntamientos y diputaciones para ser repartidas a dedo, en los cambalaches entre la medicina privada y la pública... Todo esto, sistemáticamente ignorado mientras las cosas fueron bien, se denuncia ahora, a gritos, por la única razón de que el colapso económico hace que ya casi nadie saque tajada. Está claro que en hablar a destiempo y callarnos cuando nos conviene nadie nos gana.
No tengo que irme muy lejos para encontrar ejemplos de las actitudes que describo. Puedo hablar, por ejemplo, de los diez años que viví en Ourense. Allí vi cómo medio pueblo le hacía la ola a Blanca Rodríguez-Porto, no tengo claro si por su condición de esposa del ínclito Luis Roldán o por haber sido condenada por evasión fiscal y encubrimiento. Allí campó a sus anchas durante casi dos décadas José Luis Baltar, quien presumió de su condición de cacique ("bueno") mientras repartía demagogia, populismo y, "según dicen", subvenciones y plazas laborales a su antojo e impunemente (ni el famoso escándalo del edificio con 33 bedeles para tres puertas consiguió moverlo del sillón; al contrario, logró "despedirse" dándose el gusto de ser relevado por su hijo). Muy cerca de allí, el alcalde de Xinzo de Limia gobernó antes y después de ser inhabilitado por el Tribunal Supremo por tráfico de influencias, sin que ello le impidiese convertirse en senador y retirarse con un patrimonio fastuoso.
Hace algún tiempo, Víctor Lapuente escribía un artículo descartando el factor cultural como causa de la corrupción que padecemos. En él afirmaba que "las causas de la corrupción no hay que buscarlas en una "mala cultura" o en una regulación insuficiente, sino en la politización de las instituciones públicas [...] a diferencia de lo que ocurre en la mayoría del mundo occidental, donde los políticos locales están forzados a tomar decisiones junto a funcionarios que estarían dispuestos a denunciar cualquier sospecha de trato de favor, en España toda la cadena de decisión de una política pública está en manos de personas que comparten un objetivo común: ganar las elecciones". Sin negar su parte de razón, preguntaría a Lapuente dos cosas: ¿por qué esto sigue siendo así en España, si resulta evidente, todos sabemos lo que conlleva y no es difícil corregirlo? y ¿cuántos funcionarios españoles conoce que estén "dispuestos a denunciar" tratos de favor?
Podemos lavar nuestra conciencia... O podemos ser honestos: para que todo esto ocurra tiene que existir cierto respaldo social. Y digo respaldo, no pasividad, sino connivencia y en algunos casos -esto es incomprensible- admiración. Pensemos, por ejemplo, en otra realidad que a muchos nos resulta cercana: independientemente de leyes y reformas erráticas, ¿sería posible una universidad pública tan desnortada y endogámica como la que tenemos sin la "colaboración" de rectores, decanos y directores de departamento? ¿Quién ha consentido o se ha beneficiado de la reiterada convocatoria de tribunales parciales? ¿Quién ha dado su visto bueno para la concesión de plazas a través de concursos adulterados y de baremos sesgados? ¿Quién ha dado luz verde al despilfarro de dinero público mediante la organización apresurada y chapucera de eventos con el único propósito de obtener subvenciones? ¿Quién ha permitido la explotación -cuando no humillación- de becarios -o aspirantes- gracias a promesas de imposible cumplimiento? Podríamos enumerar hasta morir de hastío; son tantos despropósitos que no cabe pensar que todos los males vienen de arriba.
¿Y qué decir del fascinante mundo del arte contemporáneo? No doy crédito cuando veo a algunos personajes que han convertido los museos y centros culturales que dirigen en sus cortijos particulares criticando la falta de escrúpulos de la clase política. No son pocos los artistas que les ríen la gracia, ni pocos los galeristas "indignados" con lo que está ocurriendo. Curioso. Nunca les he visto indignarse al engordar artificialmente las ayudas que recibían mediante la presentación de facturas correspondientes a actividades no subvencionadas, ni al vender obras a museos que no terminaron de ser construidos, ni a la hora de preguntar a los coleccionistas "¿con factura o sin factura?", ni al dilapidar dinero público en proyectos disparatados... No estoy hablando de un caso aislado, sino de prácticas extendidas que convierten los airados discursos con que nos aburren estos días en una orgía de cinismo.
El pasado viernes, Javier de la Cueva parafraseaba a Ostrogorski: "la función de las masas en democracia no es gobernar, sino intimidar a los gobernantes". La pregunta es: ¿qué capacidad de intimidación tenemos después de haber dejado claro que toleramos, comprendemos y apoyamos lo inadmisible? ¿Qué temor puede experimentar un gobernante consciente de que es muy probable que sea reelegido tras ser condenado por corrupción y que muchos de quienes lo critican lo emularían si pudiesen hacerlo? Los que se posicionan a favor o en contra del "todos son iguales" yerran en su enfoque: es prácticamente irrelevante si son todos iguales o no, mientras la sociedad española sea condescendiente con la prevaricación, la manipulación y el fraude, mientras transmita con nitidez el mensaje de que, pase lo que pase, no tomará represalias contra quienes -políticos o no- transgredan la ley o falten el respeto a sus vecinos o votantes, seguiremos siendo lo que somos y teniendo el gobierno que tenemos. Porque no "nos toman" por tontos: ejercemos -sin serlo, creo- con fruición.
Aprovecho para recordar a los optimistas que el PP está gobernando con más de diez millones de votos (de los siete del PSOE tras una debacle y con un exministro de Felipe al frente ni hablo). "En contra de su programa", dicen, ¿y? La mayoría del electorado reconoce "ser" de un partido como quien es de un equipo de fútbol y votar sin leerse programa alguno. "Es que mintieron", dicen, ¿y? ¿Qué gobierno de nuestra breve historia democrática no ha hecho lo contrario de lo que prometió? No les ha ido mal, ¿por qué cambiar? Fool me once, shame on you. Fool me twice, shame on me.
Podemos modificar la ley electoral, refundar los partidos políticos o incluso promulgar una nueva constitución pero, si no se produce un cambio más profundo, seguiremos teniendo un evidente problema de valores y un gran déficit democrático. La "revolución" que más nos hace falta en España es una revolución con minúsculas, cultural, ambiciosa pero de pequeña escala, personal, cotidiana. Necesitamos más autocrítica, más honestidad intelectual, más voluntad de estar informados (menos tópicos, más datos y más hechos). Lo que nos sobra es estrechez de miras, activismo barato, forofismo, difusión indiscriminada de noticias sin contrastar y fotografías con titulares sensacionalistas en las redes sociales (sin salir de mi timeline de Facebook puedo montar portadas tan infames como las de La Razón cada día).
Por cierto, y para los de mi gremio: mejor no rasgarnos las vestiduras con el "fin de la cultura" por la subida del IVA, porque la cultura es mucho más de lo que se puede gravar y porque los árboles no nos dejarían ver el bosque. ¿Dónde está el drama, en los problemas de un sector o en el colapso del sistema? Yo no me preocuparía demasiado por el precio de las entradas de los teatros, porque a este paso empezarán a cerrarlos o a restringir al mínimo su programación por no poder mantenerlos y dará lo mismo. Como decía John Powers, el problema no es que los artistas sean pobres, el problema es la frecuencia y el significado de la pobreza. En otras palabras: no se trata de un colectivo, no se trata de una coyuntura, se trata de una sociedad enferma; o cambia(mos) todo o no quedará nada que cambiar.
miércoles, 1 de febrero de 2012
¿Por qué son pobres los artistas?
"La razón de la pobreza de los artistas y de la disparidad de ingresos entre las estrellas y los curritos del arte es sencilla: el mundo del arte neoyorquino es injusto y desequilibrado porque América es injusta y desequilibrada. La verdad es que no me importa ser pobre. Lo que llevo mal de serlo es saber que estaría mucho peor si tuviese un casero predador que creyese que puede explotarme porque soy pobre; si supiese que si alguien de mi familia enfermase no sólo no tendría nada para ayudarle sino que nadie podría hacerlo en mi lugar; si la gente me odiase por mi pobreza. La imagen que viene a mi mente desde hace tiempo es la de los bancos públicos: aquí, en Nueva York, los bancos públicos están divididos en secciones lo suficientemente pequeñas como para que un hombre no pueda acostarse en ellos. En vez de para ayudar a cobijar a quienes lo necesitan, los urbanistas americanos han sido reclutados para hacer los espacios públicos espacios inhabitables para los sin techo. Los artistas no necesitarían tratamiento especial para su pobreza si los pobres no fuesen abandonados hasta ese punto.
[...]
Los artistas tienen que dejar de pensar en sí mismos como una marginalidad especial, ajena a los burdos intereses comerciales u obsesionada en venderse. Somos pobres. Pero que lo seamos no significa que no debamos tener acceso a la sanidad pública o no podamos ir al dentista. La pobreza no debería exponernos a la depredación, ni excluirnos de la educación, ni obligarnos vivir con miedo de cualquier percance que podamos sufrir en la calle. Lo más radical que puede ser un artista hoy es pobre. No lo digo en el sentido de "el proletariado" o "los trabajadores". Los artistas contemporáneos son pobres consumidores -una clase que generalmente asociamos a las rebajas de Walmart-, pero el consumismo fue conceptualizado por los Cold Warriors como Charles Eames como respuesta a la amenaza que representaban para las clases altas las promesas de los Soviets. Para contrarrestar la igualdad económica radical que proponían los comunistas, el consumismo prometía "lo mejor, para la mayoría, por lo mínimo". No hay razón para pensar que esa promesa deba extenderse a los televisores de pantalla plana y no a la sanidad y la educación."
John Powers: See Red: W.A.G.E. Asks "Why Are Artists Poor?"
Disculpad la traducción, libre donde las haya (enlaces incluidos).
martes, 3 de enero de 2012
La intrascendencia del Ministerio de Cultura
Ministerio de cultura sí, ministerio de cultura no. Durante las últimas semanas, la prensa ha dedicado no pocas páginas a abordar esta duda, surgida a raíz del cambio de gobierno y recientemente resuelta. Una duda razonable si atendemos a la importancia del tema, pero difícil de entender si pensamos en las escasas posibilidades de que un Ministerio como el que se barajaba influyese positivamente en nuestra cultura o de que mejorase, al menos, el rendimiento de la Secretaría de Estado equivalente.
Difícil de entender, también y como de costumbre, la indignación generalizada ante lo previsible -la elección de alguien como José Ignacio Wert para dirigir el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte-, suscitada por la recuperación de un artículo, publicado en El País hace ahora un año, en el que el señor Wert recurría a la manida comparación entre las descargas y el robo. Triste, de acuerdo, pero seamos sinceros, ¿alguien esperaba que Rajoy pusiese al frente de alguno de sus ministerios a David Bravo? Al fin y al cabo, al lado del texto en que Sinde culpaba a la piratería del fracaso de Méliès, el de Wert parece digno de Aristóteles.
Creo, no obstante, que el problema de fondo es que no se han planteado las cuestiones adecuadas. Lo importante no es la existencia de un ministerio, sino su propósito. A los que piden un Ministerio de Cultura me limitaría a preguntarles para qué lo quieren... Porque si es para seguir con lo que hemos tenido desde 2004, mejor ahorrárnoslo.
Insisto en el interrogante, que no tiene nada de retórico: ¿para qué un ministerio? Porque, aunque se habla sin parar de la independencia económica de la cultura, no se concreta cómo debe traducirse aquélla ni qué tenemos que entender por ésta. Entre los discursos de los profesionales del sector se repite con frecuencia un mantra: "la cultura genera riqueza y atrae turismo". Muy bien, aceptemos barco. ¿Por qué no dejarla en manos, entonces, del novísimo Ministerio de Industria, Energía y Turismo? Nada parecería más lógico y, sin embargo, la solución enerva a los defensores de la cantinela cultura-PIB. ¿Incoherencia o cinismo? Juzguen ustedes.
Hay un segundo mantra, tanto o más peligroso que el anterior: "la cultura debe ser autónoma". ¿La cultura? ¿En serio? ¿Y qué haremos para lograrlo? ¿Decirle "levántate y anda"? Lo que los directores de museos, cineastas, músicos, literatos y catedráticos de primera línea piden cuando reclaman autonomía para la cultura es, simple y llanamente, que se les facilite un interlocutor con rango de ministro y un amplio presupuesto del que sus respectivos centros culturales, productoras, discográficas, editoriales y universidades puedan disponer con libertad. Porque esto es lo que solemos entender por cultura, aquello que tiene visibilidad mediática, la esfera de la cultura oficial, de las grandes exposiciones, las galas, los estrenos, las publicaciones académicas, los best-seller y los homenajes. ¿Pero qué ocurre con lo demás? ¿Qué hacemos con esa ingente actividad creativa que se desarrolla lejos de los templos de la cultura? ¿Y con la enorme cantidad de artistas a los que el mercado y las instituciones dan la espalda? ¿Y con los que no tienen intención alguna de vivir de su obra? Nos guste o no, todos ellos forman parte de ese "mundo de la cultura" que algunos se obstinan en monopolizar. No debemos confundir la cultura con el conjunto de instituciones y personajes que hablan en su nombre.
El debate, en consecuencia, no se debe plantear en torno a la existencia de un ministerio, sino en relación con el modelo cultural que queremos adoptar. Pero en este país no tenemos claro qué queremos proteger, divulgar y promover bajo el término cultura, ni hemos pensando acerca de cómo conciliar la realidad de una economía de mercado con la necesidad de fomentar la creación artística y de preservar el patrimonio material e inmaterial. No resulta extraño, pues, que sigamos obviando preguntas esenciales y dando por buenas respuestas irreflexivas.
La lista de cuestiones que han sido históricamente ignoradas a nivel político es casi interminable: ¿la inversión pública en cultura debe estar condicionada a la obtención de beneficios económicos? ¿Cómo debe ser calculada la rentabilidad de la cultura? ¿Deben existir las subvenciones? De ser así, ¿qué criterios deben primar a la hora de concederlas? ¿Nos quedamos con las cifras de visitantes/espectadores o intentamos cuantificar de otro modo la influencia de cada proyecto? Si optamos por un sector cultural de financiación mayoritariamente pública, ¿qué mecanismos podemos habilitar para evitar el nepotismo, el caciquismo y la endogamia que lo han caracterizado históricamente? "Los artistas tienen derecho a vivir de su trabajo" ¿Quiere decir que el Estado debe mantenerlos a todos o que debe garantizarles un mercado libre en el que devorarse unos a otros? ¿O significa otra cosa? ¿O es directamente una falacia? ¿En qué condiciones debe ser distribuido un proyecto subvencionado y cuáles deben ser las obligaciones de sus artífices? ¿Debe la legislación cultural beneficiar a los creadores, a los distribuidores, a las creaciones o a sus receptores? ¿Podría reducirse la aportación estatal a tareas de producción y conservación de contenidos culturales? ¿Es necesario que la gestión del patrimonio se vincule directamente a la explotación turística? ¿Cuál es la función del patrimonio?
En general, ni el actual ministro ni quienes le han precedido en el cargo han contestado públicamente y en profundidad a estas preguntas (algunos han dado por sentadas las respuestas, otros se han perdido en una retahíla de ambigüedades del estilo subvenciones sí, cultura subvencionada no). Muchos gestores culturales y artistas siguen el mal ejemplo: piden más dinero para la cultura sin proponer un programa en que emplearlo; exigen un representante sin especificar qué o a quién debe representar; entienden, erróneamente, que todo euro invertido en instituciones culturales está bien gastado. Cuando no hay manera de evitarlo, el debate se simplifica vergonzosamente: mecenazgo vs. financiación pública. Incluso asumiendo una polaridad tan simple y tan plana, convendría hacer un estudio riguroso acerca de ambas opciones y explicar las ventajas e inconvenientes de cada una de ellas. ¿En España? Ciencia ficción, claro.
A lo mejor es buen momento para dejar de escurrir el bulto y empezar a delimitar las competencias y objetivos de los organismos culturales estatales; de aclarar por qué pensamos en cultura al hablar de cine o arquitectura y no al hablar de ingeniería o programación de software; de decidir qué actividades creativas queremos proteger, a qué nivel deseamos hacerlo y qué papel queremos asignar al Estado en esta tarea. De lo contrario, estamos condenados a seguir legislando, proclamando, sufragando, criticando, protestando, llorando, pidiendo y dando en vano.
Difícil de entender, también y como de costumbre, la indignación generalizada ante lo previsible -la elección de alguien como José Ignacio Wert para dirigir el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte-, suscitada por la recuperación de un artículo, publicado en El País hace ahora un año, en el que el señor Wert recurría a la manida comparación entre las descargas y el robo. Triste, de acuerdo, pero seamos sinceros, ¿alguien esperaba que Rajoy pusiese al frente de alguno de sus ministerios a David Bravo? Al fin y al cabo, al lado del texto en que Sinde culpaba a la piratería del fracaso de Méliès, el de Wert parece digno de Aristóteles.
Creo, no obstante, que el problema de fondo es que no se han planteado las cuestiones adecuadas. Lo importante no es la existencia de un ministerio, sino su propósito. A los que piden un Ministerio de Cultura me limitaría a preguntarles para qué lo quieren... Porque si es para seguir con lo que hemos tenido desde 2004, mejor ahorrárnoslo.
Insisto en el interrogante, que no tiene nada de retórico: ¿para qué un ministerio? Porque, aunque se habla sin parar de la independencia económica de la cultura, no se concreta cómo debe traducirse aquélla ni qué tenemos que entender por ésta. Entre los discursos de los profesionales del sector se repite con frecuencia un mantra: "la cultura genera riqueza y atrae turismo". Muy bien, aceptemos barco. ¿Por qué no dejarla en manos, entonces, del novísimo Ministerio de Industria, Energía y Turismo? Nada parecería más lógico y, sin embargo, la solución enerva a los defensores de la cantinela cultura-PIB. ¿Incoherencia o cinismo? Juzguen ustedes.
Hay un segundo mantra, tanto o más peligroso que el anterior: "la cultura debe ser autónoma". ¿La cultura? ¿En serio? ¿Y qué haremos para lograrlo? ¿Decirle "levántate y anda"? Lo que los directores de museos, cineastas, músicos, literatos y catedráticos de primera línea piden cuando reclaman autonomía para la cultura es, simple y llanamente, que se les facilite un interlocutor con rango de ministro y un amplio presupuesto del que sus respectivos centros culturales, productoras, discográficas, editoriales y universidades puedan disponer con libertad. Porque esto es lo que solemos entender por cultura, aquello que tiene visibilidad mediática, la esfera de la cultura oficial, de las grandes exposiciones, las galas, los estrenos, las publicaciones académicas, los best-seller y los homenajes. ¿Pero qué ocurre con lo demás? ¿Qué hacemos con esa ingente actividad creativa que se desarrolla lejos de los templos de la cultura? ¿Y con la enorme cantidad de artistas a los que el mercado y las instituciones dan la espalda? ¿Y con los que no tienen intención alguna de vivir de su obra? Nos guste o no, todos ellos forman parte de ese "mundo de la cultura" que algunos se obstinan en monopolizar. No debemos confundir la cultura con el conjunto de instituciones y personajes que hablan en su nombre.
El debate, en consecuencia, no se debe plantear en torno a la existencia de un ministerio, sino en relación con el modelo cultural que queremos adoptar. Pero en este país no tenemos claro qué queremos proteger, divulgar y promover bajo el término cultura, ni hemos pensando acerca de cómo conciliar la realidad de una economía de mercado con la necesidad de fomentar la creación artística y de preservar el patrimonio material e inmaterial. No resulta extraño, pues, que sigamos obviando preguntas esenciales y dando por buenas respuestas irreflexivas.
La lista de cuestiones que han sido históricamente ignoradas a nivel político es casi interminable: ¿la inversión pública en cultura debe estar condicionada a la obtención de beneficios económicos? ¿Cómo debe ser calculada la rentabilidad de la cultura? ¿Deben existir las subvenciones? De ser así, ¿qué criterios deben primar a la hora de concederlas? ¿Nos quedamos con las cifras de visitantes/espectadores o intentamos cuantificar de otro modo la influencia de cada proyecto? Si optamos por un sector cultural de financiación mayoritariamente pública, ¿qué mecanismos podemos habilitar para evitar el nepotismo, el caciquismo y la endogamia que lo han caracterizado históricamente? "Los artistas tienen derecho a vivir de su trabajo" ¿Quiere decir que el Estado debe mantenerlos a todos o que debe garantizarles un mercado libre en el que devorarse unos a otros? ¿O significa otra cosa? ¿O es directamente una falacia? ¿En qué condiciones debe ser distribuido un proyecto subvencionado y cuáles deben ser las obligaciones de sus artífices? ¿Debe la legislación cultural beneficiar a los creadores, a los distribuidores, a las creaciones o a sus receptores? ¿Podría reducirse la aportación estatal a tareas de producción y conservación de contenidos culturales? ¿Es necesario que la gestión del patrimonio se vincule directamente a la explotación turística? ¿Cuál es la función del patrimonio?
En general, ni el actual ministro ni quienes le han precedido en el cargo han contestado públicamente y en profundidad a estas preguntas (algunos han dado por sentadas las respuestas, otros se han perdido en una retahíla de ambigüedades del estilo subvenciones sí, cultura subvencionada no). Muchos gestores culturales y artistas siguen el mal ejemplo: piden más dinero para la cultura sin proponer un programa en que emplearlo; exigen un representante sin especificar qué o a quién debe representar; entienden, erróneamente, que todo euro invertido en instituciones culturales está bien gastado. Cuando no hay manera de evitarlo, el debate se simplifica vergonzosamente: mecenazgo vs. financiación pública. Incluso asumiendo una polaridad tan simple y tan plana, convendría hacer un estudio riguroso acerca de ambas opciones y explicar las ventajas e inconvenientes de cada una de ellas. ¿En España? Ciencia ficción, claro.
A lo mejor es buen momento para dejar de escurrir el bulto y empezar a delimitar las competencias y objetivos de los organismos culturales estatales; de aclarar por qué pensamos en cultura al hablar de cine o arquitectura y no al hablar de ingeniería o programación de software; de decidir qué actividades creativas queremos proteger, a qué nivel deseamos hacerlo y qué papel queremos asignar al Estado en esta tarea. De lo contrario, estamos condenados a seguir legislando, proclamando, sufragando, criticando, protestando, llorando, pidiendo y dando en vano.
martes, 24 de mayo de 2011
Reflexiones postelectorales
Busco metáforas que describan la "democracia" española y me vienen a la memoria escenas del XIX.
Lo importante no es el nombre del juego, sino sus reglas.
Lo importante no es el nombre del juego, sino sus reglas.
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