Reformar la reforma universitaria

Recomiendo la lectura de la crítica a la adenda al informe de la Comisión de Expertos para la Reforma del Sistema Universitario Español que Jesús Fernández-Villaverde ha publicado en Nada es Gratis. Ciertamente no por compartir su criterio, sino porque contiene observaciones que deberíamos considerar a la hora de plantear un modelo diferente de reforma, por aquello de huir del enroque maniqueo al que la figura de Wert parece condenarnos y por anticiparnos a la enmienda "2.0" que antes o después nos van a plantear.

Me gustaría comentar algunos puntos. Empiezo con lo bueno:

La adenda comienza con una afirmación sorprendente: “el nivel docente e investigador de la mayoría de nuestros centros públicos de enseñanza superior es, sinceramente, alto”. No. Esto es más falso que un duro de cuatro pesetas. La gran mayoría de las universidades y facultades españolas son malas. [...] El que muchos de nuestros estudiantes salgan al extranjero y lo hagan muy bien es más “a pesar” de la universidad española que “gracias” a la universidad española.

[...] El único argumento que ofrece la adenda para sostener tan peregrina afirmación es una apelación a la buena imagen del profesorado en las encuestas. Este argumento es a la vez irrelevante y absurdo. Es irrelevante porque la encuesta no pregunta por la calidad de la investigación sino por la valoración del profesorado, que es algo bien distinto. Es absurdo porque la evaluación científica no se basa en la opinión de la mayoría sino en la de los expertos.

Sin duda, y cabe matizar, antes de que se enerven los amigos de la demagogia, que difícilmente se puede entender esto como un alegato antidemocrático.

La adenda advierte luego de que una reforma a fondo de la universidad española sería de difícil encaje en nuestro marco jurídico. No entiendo muy bien porque esto es argumento contra la reforma universitaria y no contra nuestra legislación. El ordenamiento jurídico española hace aguas por todos sitios y requiere una modificación profundísima. Las leyes están para servir al conjunto de la sociedad, no al contrario.

Touché. Tema de otro debate es qué reformar y cómo.

Intentar garantizar la correcta selección de profesorado mediante procedimientos como una habilitación o un tribunal oral es construir castillos en el aire (¿de verdad, un tribunal oral? ¿En 2013? Ya puestos, organicemos un torneo medieval entre los candidatos, que al menos es más pintoresco y podemos vender entradas a los turistas extranjeros).

Palo también al informe. Hilarante por cierto.

... en muchas ocasiones he explicado que el actual sistema de selección de rectores en España es ridículo. Sustituirlo por otro donde los profesores en un consejo (con cierta representación de otros grupos) deciden quién es el rector tampoco soluciona nada pues seguimos sin cambiar los incentivos.

Y una oportuna autocita como colofón:

El verdadero problema es que el sistema genera incentivos perversos: los votantes no ganan al votar por el mejor rector desde el punto de vista de la sociedad sino por votar al que más les beneficie de manera personal. Esto no quiere decir, literalmente, que la gente solo vote por su interés, simplemente que muchos lo harán por este motivo y que muchos otros, quizás inconscientemente, lleguen a la conclusión que el rector que mejor les viene a ellos es también el mejor para todos. Negar que la gente se comporta, al menos en parte, para mejorar su situación personal es pura ingenuidad.

Este aspecto es crucial y contiene el componente crítico que echo mucho en falta en el artículo que hace unos días publicaba, en eldiario.es, Rafael Escudero, también recomendable en la medida en que señala con acierto muchas de las lagunas y el sustrato ideológico del trabajo de la comisión. Cualquiera que conozca mínimamente la universidad desde dentro sabe que toda la palabrería en torno a su independencia y su carácter democrático es una broma de mal gusto. Es difícil encontrar una institución más caciquil en España (que ya es decir). El incentivo que con mayor facilidad percibirá uno en casi cualquier claustro universitario estatal es el deseo de medrar a cualquier precio (o de "no meterse en líos", que es casi igual de lamentable) de buena parte del personal.

No se puede decir, como dice Escudero, que actualmente la "comunidad universitaria" nombra al rector y que la reforma socava la "autonomía" de la institución, porque tal comunidad y tal autonomía no son más que mitos al servicio de intereses personales. Abandonemos ya, por favor, ese optimismo antropológico que nos ciega y nos lleva a pensar que tenemos facultades llenas de desinteresados apóstoles del conocimiento. La regulación universitaria española es un desastre, pero gran parte de las penurias de los estudiantes y jóvenes investigadores no la tienen los respectivos ministros de educación (que también), sino la desidia, el ombliguismo y en algunos casos la mala fe de un buen número de catedráticos, jefes de departamento y rectores que dedican su trabajo, su nombre y su influencia a proteger sus prebendas. Muchos de los que hoy protestan aplaudían con las orejas las mayores insensateces cuando sus respectivos proyectos recibían financiación a espuertas y tenían carta blanca para enchufar a sus acólitos (preguntadles qué opinión han transmitido a los sucesivos ministerios de educación cada vez que han sido consultados sobre una hipotética reforma universitaria...). Me parece bastante triste que algunos desatiendan la responsabilidad que conlleva que su puesto no dependa ni de sus opiniones, ni de su buena relación con el jefe de turno, ni del capricho del político que corresponda, haciendo la vista gorda una vez tras otra ante el despilfarro de dinero público, mecanismos de evaluación interna deliberadamente inútiles y procesos de contratación de personal y de adjudicación de obras y servicios que rayan en lo fraudulento. Entre otras cosas, porque han dado la razón a los que cuestionan "el carácter funcionarial como requisito de la libertad de cátedra", en perjuicio de quienes que lo respaldamos.

Dicho todo esto, me centro en lo que creo hace aguas en el artículo de Fernández-Villaverde:

España sufre de muchos problemas. Pero el más importante de ellos, con diferencia, es la gran cantidad de españoles que se oponen al cambio. Unos lo hacen porque no han entendido el mundo en el que vivimos en 2013 y se apegan a concepciones obsoletas. Otros lo hacen por defensa de unos intereses particulares.

Razonamiento claramente capcioso. No hace falta explicar que rechazar un modelo de cambio no implica rechazar el cambio. Además, el "si no estás de acuerdo con lo que propongo es que eres tonto o vives en una caverna" sobra. Y lo digo desde la certeza de que, efectivamente, una parte de la oposición a la reforma se explicará por la defensa de privilegios personales.

UCal-Berkeley, por poner un ejemplo, es una universidad que deja en la más triste cuneta a todas las universidades españolas –públicas y privadas- porque provee los incentivos correctos a los profesores para que investiguen y enseñen. [...] De igual manera los departamentos de Berkeley tienen incentivos para seleccionar a sus profesores entre los mejores y no entre los amigos pues la excelencia es recompensada y la mediocridad castigada. [...] Al contrario, al dotar a la universidad de la gobernanza adecuada la afianza y limpia el proceso de selección de la alta gerencia universitaria que en estos momentos ha sido, como en tantos otros ámbitos de nuestra sociedad, invadido por la política.

No podían faltar ideas clave del discurso neoliberal: excelencia y despolitización.

¿Pero qué es la excelencia? ¿Y qué es una universidad excelente? ¿Aquella que garantiza que sus licenciados encuentren trabajo? ¿La que contribuye a reducir desigualdades sociales? ¿La que permite establecer fructíferas vías de colaboración con la iniciativa privada? ¿La que da cabida a todos aquellos proyectos a los que el mercado da la espalda? Porque una cosa es que tengamos claro que hay mejores y peores centros y docentes, y otra que podamos determinar con rigor científico un baremo absoluto de excelencia y mediocridad, y que éstos conceptos sean ajenos a una determinada posición política. Creo que el propio informe ejemplifica la inconsistencia de tales pretensiones a la hora de proponer su modelo de gestión universitaria:

El Consejo es el órgano de la Universidad en el que están representados los intereses académicos y los de la sociedad [...] La duración de su mandato sería de 5 años, renovables por una sola vez. El Consejo de la Universidad deberá tener una mayoría de académicos:

[...] Un 50% sería elegido por el Claustro de la Universidad, con una muy importante mayoría de PDI. Los PDI elegidos deberían ser personas de prestigio; los españoles deberían tener, al menos, dos sexenios de investigación ‘vivos’ en los términos que se mencionan en el punto I.2.1.4 de este informe. [...]

Un 25% por la correspondiente Comunidad Autónoma, para garantizar la participación efectiva de la sociedad civil en el máximo órgano de gobierno universitario. La elección debe recaer en personas de elevado prestigio profesional o académico [...]

El 25 % restante será elegido por los anteriores dos grupos entre personas internas o externas a la Universidad, nacionales o extranjeras, que sean de especial interés para el desarrollo de cada proyecto universitario (antiguos cargos académicos nacionales o extranjeros, antiguos alumnos o profesores, científicos, académicos, innovadores, empresarios, etc.). Igualmente, deben buscarse aquí personas de elevado prestigio [...]

Concediéndole el beneficio de la duda, la comisión tiene mejor intención que ideas para garantizar un proceso representativo y eficaz. "Personas de elevado prestigio". Ni me gusta la expresión (ya sabemos qué comporta) ni me deja de parecer la pescadilla que se muerde la cola.  ¿Cómo evaluar algo tan difuso y cómo garantizar que se hace de buena fe? Porque si nos ceñimos a los títulos y trayectorias de nuestros próceres actuales, tendremos que asumir que la mayoría ha obtenido sus condecoraciones comulgando con el sistema vigente de vasallaje, nepotismo y endogamia. Y en cuanto al único criterio concreto mencionado, los famosos sexenios de investigación, tienen el "pequeño problema" de ir al peso y no ser garantía de nada. A nadie se le escapa que la propuesta da la oportunidad a los que controlan el chiringuito actual de perpetuarse en el poder, lo que unido al hecho de que la alusión a la "participación efectiva de la sociedad civil" sea un brindis al sol en toda regla, no augura nada bueno.

Fernández-Villaverde se desmarca de la idea y deposita su fe en los incentivos. No sin razón, pero "obviando" un detalle fundamental: que no es posible concebir "incentivos despolitizados", porque no es posible desvincularlos de la pregunta ineludible sobre cuál debe ser la función de la universidad.

Me imagino que esta cuestión no tiene demasiada miga para muchos economistas que entienden la universidad como una entidad subordinada al interés privado. Sin embargo, no tiene nada que ver organizar una facultad para que le entregue a McKinsey el profesional que busca con hacerlo para, pongamos por caso, ampliar los horizontes de la física o formar una ciudadanía crítica. En un orden de cosas mundano y pragmático, si hacemos depender la financiación universitaria de la capacidad de generar lucro económico de los proyectos que un centro haya desarrollado, podemos estar seguros de que se abandonarán o marginarán líneas de investigación fascinantes y/o socialmente necesarias por deficitarias (de las Humanidades ni hablemos... parece que la tácita reconversión de Historia del Arte en Máster en Gestión Cultural nos da pistas de hacia dónde nos dirigimos).

Como de costumbre, el problema radica en la creciente tendencia a creer en la posibilidad de reducirlo todo a cifras y en la neutralidad de las mismas. "Más es mejor", pero primero hay que saber qué, cómo y para qué se puede cuantificar. Se incentiva en función de objetivos y rankings, pero definir objetivos y establecer rankings no es otra cosa que tomar decisiones políticas. Profundamente políticas, de hecho, porque el único que puede concretar términos como prestigio, excelencia o rentabilidad es el que diseña su baremo. La historia de siempre: haz tú la ley y déjame a mí el reglamento.

Somos muchos los que nos oponemos a la privatización y a la instrumentalización mercantil de nuestro sistema educativo -cuyas consecuencias se dejan notar hasta en los "modelos de excelencia"-, pero si no denunciamos su calamitosa situación actual, y la vergonzosa utilización de su supuesta autonomía y carácter democrático en beneficio de intereses particulares, estaremos enterrando lo poco que tiene de bueno.

Académicos

Después de romperse los cuernos durante meses para intentar sacar de la calle a un grupo de estudiantes abocados al tráfico de drogas,





"Bunny" Colvin y David Parenti se dan de bruces con la irracionalidad estadística de la administración pública, para la que sólo existen exámenes y porcentajes.

Menos mal que siempre les quedará la academia...



(Por cierto, alguien se ha tomado la molestia de transcribir y traducir este último vídeo).

Ciencia, cultura y mercado

El pasado 24 de agosto, Carlos Martínez Alonso y Javier López Facal publicaron en El País un texto que no tiene desperdicio. Bajo el elocuente título de la investigación, subordinada al mercado, los dos profesores del CSIC sintetizaban con acierto una serie de ideas tan evidentes como frecuentemente olvidadas: que el progreso científico ha estado ligado históricamente a la ambición miope del poder político y a las necesidades militares; que la ciencia ha sido siempre instrumentalizada en beneficio de aquellos que tenían la capacidad de sufragar los costes de su desarrollo; que el cacareado I+D+i es fundamentalmente una receta neoliberal para destinar dinero público a las líneas de investigación susceptibles de generar rentabilidad económica; y, sobre todo, que en ningún sitio está escrito que la ciencia deba ser inmediatamente útil.

[...] de la misma forma que no le faltaba razón a Borges cuando decía aquello de que "la realidad no tiene la menor obligación de ser interesante", la ciencia tampoco tiene por qué ser inmediatamente útil; a lo que está obligada es a ensanchar de manera honesta e inteligente el campo del conocimiento humano con lo que, además y en no pocas ocasiones, da pie a que se produzcan notables artilugios y admirables innovaciones, como las vacunas, los antibióticos, el láser, el desarrollo de las comunicaciones o Internet. Lo curioso es que se acepta como única política pública un modelo conservador, de entre los varios modelos posibles que nos ofrece el mercado de las ideologías: la formación, el aprendizaje, la equidad, la transparencia, la capacidad crítica o la mejor distribución de los beneficios de la generación del conocimiento se han perdido por el camino, porque los Gobiernos han abrazado acríticamente el credo conservador.

Apenas unos días después, Javier Peláez planteó algo muy similar en una entrada de su blog, la pantomima del modelo sostenible, en la que ponía de manifiesto la hipocresía de la clase política respecto a la innovación tecnológica y la necesidad de los investigadores de lidiar con el infantilismo, el ego y la ignorancia de quienes los alimentan.

En aquel encuentro, uno de de los físicos rusos se le acercó y le preguntó cómo conseguían los científicos americanos los fondos necesarios para poder continuar con sus investigaciones. Price, teniendo en cuenta las múltiples reservas que a buen seguro existían en aquella época al borde de la guerra, le hizo un resumen del largo y tedioso camino burocrático que se debía seguir a la hora de conseguir el dinero indispensable para la ciencia, y en particular para conseguir el presupuesto necesario que requería la construcción de los primeros aceleradores de partículas.

El científico ruso, la historia no ha querido recordar su nombre, movió su cabeza de un lado para otro en señal de negación y le respondió: “Eso no es cierto… no es así cómo lo consiguen. Ustedes obtienen el dinero diciendo que nosotros los rusos tenemos un sincrotrón de 10.000 millones de electrón-voltios y que América necesita uno de 20.000 millones de electrón-voltios”.

Melvin Price sonrió y asintió con la cabeza. Sí, algo de eso hay, ¿así lo consiguen también en Rusia?

El físico ruso miró al americano y contestó: Es la única manera.

Lo paradójico, como señala Peláez, es que algunos políticos tienen las palabras innovación y ciencia a flor de labio de manera permanente. Habría que preguntarse qué quieren decir con ellas, porque parece que subsumen conceptos muy diferentes en una idea difusa, casi mística, ligada a esa gran abstracción llamada progreso. Tal vez porque con ellas ocurre lo mismo que con la idea de cultura que, por superabundancia de denotación, y por oscuridad cuasi metafísica de connotación -en palabras de Gustavo Bueno-, ya no quiere decir nada.

Una cosa está clara: promover la ciencia y la cultura -como frase hecha e independientemente de lo que pueda significar- es la máxima expresión de lo políticamente correcto. De ahí que en nombre de ambas -que no en su beneficio- se cometan disparates antológicos con absoluta impunidad; de ahí que se acabe confundiendo aquello que favorece el desarrollo de la investigación científica o cultural con aquello que es beneficioso para las estructuras políticas o económicas que monopolizan tales términos; y de ahí que muchos investigadores, seducidos por la retórica del mercado, reduzcan la importancia de la cultura, la educación y la innovación tecnológica a su rentabilidad económica.

En el fondo se trata de legitimar una doctrina pragmática, que establece la diferencia entre el bien y el mal en función de índices estadísticos... Asumiendo que el bienestar y la felicidad se pueden cuantificar en valores económicos y glorificando una idea muy sesgada de conceptos como crecimiento o desarrollo.

Una cosa es admitir que el sistema tiene unas reglas que escapan a nuestra voluntad y otra, muy diferente, reducir la riqueza a su formulación monetaria, olvidando que nuestro patrimonio va más allá de aquello que produce lucro económico directa o indirectamente. La precariedad no conduce a nada, es obvio, y satisfacer unas condiciones materiales mínimas es un objetivo prioritario. Pero esto no impide que existan bienes tan imprescindibles como no comercializables. Bienes y actividades que se posicionan no en contra, sino al margen de los intereses económicos, con los que no guardan relación directa pero con los que tampoco tienen por qué ser incompatibles.

Todo sería más fácil si reconociésemos que determinadas líneas de investigación son económicamente estériles, y que necesitamos plantear su sustento en términos (económicamente) deficitarios; lo que implica crear mecanismos que aseguren que quienes exploren ciertas opciones intelectuales puedan hacerlo sin la presión de orientar su método y sus intenciones a las demandas del mercado.

Éste es, tal vez, el mayor reto al que se enfrentan las humanidades, que con frecuencia aceptan ser juzgadas en función de baremos que les resultan completamente ajenos (ahí tienen a algunos historiadores del arte, etnólogos y arqueólogos, entregados con fervor al marketing turístico); pero éste es, también, un reto primordial en el ámbito de las ciencias, en el que a menudo se diluyen las fronteras entre las motivaciones primeras de las investigaciones y sus posteriores aplicaciones prácticas, con el consecuente riesgo de restringir aquéllas a los intereses de éstas, cercenando y empobreciendo líneas de trabajo tan fascinantes como necesarias (la publicidad online ya ha engullido muchas de ellas).

Y que conste que no hablo en ningún caso de perseguir utopías. Atrincherarse en la autonomía del conocimiento no conduce a nada, y negar la necesidad de conciliar (sin subordinación) la educación superior y las demandas del mercado laboral, lejos de reducir las desigualdades sociales, las acrecienta. De lo que hablo es de buscar fórmulas para valorar actividades que no inciden directamente en nuestra economía pero que repercuten, de manera evidente, en nuestras vidas; de reconocer lo que aporta la investigación por el mero hecho de ensanchar el campo del conocimiento humano y por abordar problemas cuya solución nadie rentabilizará económicamente. Tal vez así los investigadores podrían dedicarse a lo que realmente saben hacer, en lugar de preocuparse por adornar su trabajo para venderlo, como un producto más, en un mercado ávido de novedades y rarezas.

Los verdaderos problemas de la universidad española

Enrique Álvarez Vázquez, catedrático de la Universidad Autónoma de Madrid, y Tomás Ortín Miguel, profesor de Investigación del CSIC, publicaron el pasado sábado, en El País, un artículo que no tiene desperdicio (resalto lo "mejor"):

Las universidades pueden renunciar a competir, pero, lo quieran o no, están inmersas en una gran competición en la que los alumnos comparan y eligen en cuál estudiar, los comités comparan y eligen a qué grupos de investigación subvencionar, etcétera. Pero además la competición es consustancial a la investigación científica: no se puede ser el tercero en descubrir un gen ni el quinto inventor de un algoritmo. O se compite por ser el primero o se renuncia totalmente a la investigación y, en general, a la creación de obras originales, conformándose con estudiar (y comprar) lo que otros han creado. Nosotros estamos seguros de que los "fichajes-estrella" y los "equipos galácticos" tendrían un impacto tremendamente positivo académico, social y económico. [...] pueden ser los referentes que necesitamos urgentemente: modelos e inspiración para los estudiantes y colegas que formarían su escuela [...] ¿Alguien duda de lo que supuso para España y para la medicina y biología tener a un Ramón y Cajal? ¿Hay que resignarse a no tener más Cajales entre nosotros?

[...]

En España no hay suficientes profesores cualificados para cubrir las plantillas de las 48 universidades públicas existentes ni del centenar largo de institutos de investigación del CSIC al nivel que se requiere para ser competitivos internacionalmente.

Con este último párrafo no sé si reír o llorar. ¿Cómo van a proliferar profesores cualificados en España cuando la estrategia de nuestras universidades consiste en aburrir, explotar y obligar a emigrar a sus mejores investigadores?

El apoyo a la investigación en nuestro país es tan raquítico que los alumnos más brillantes tienen que dar gracias por percibir becas miserables durante años a cambio de trabajar como negros de. Por si fuera poco, la universidad los evalúa en función de la acumulación indiscriminada de "méritos" tales como la asistencia a congresos, la realización de estancias en el extranjero o el número de artículos publicados (independientemente de la calidad de los mismos, ¡faltaría más!). En este sistema donde los criterios son, por definición, absurdos y cuantitativos, el triunfo queda reservado para los que tienen más paciencia, menos estómago o ambas cosas simultáneamente.

Que sabiendo todo esto lleguen dos investigadores y propongan como la gran solución a nuestros males fichar a grandes cerebros extranjeros no es que sea desconcertante, es que resulta grotesco. No es de extrañar que el texto en cuestión no rebata ni una sola de las críticas que tres meses antes había formulado, ante los razonamientos de Ortín, José Luis Pardo:

El problema planteado rebasa con mucho el ámbito universitario, pues tiene que ver con el modo como ciertas agencias, instituciones o comisiones se han apropiado del rótulo de "buenas prácticas" [...] sin que nadie haya calibrado previamente si tales prácticas son efectivamente buenas, excelentes y de calidad, o si pueden llegar a ser al menos tan degradantes y perversas como los vicios que supuestamente vinieron a corregir. En todos los casos [...] esos vicios estaban relacionados con el amiguismo, la endogamia y, en general, las corruptelas grupusculares derivadas de la tendencia quizá natural en nuestra especie a preferir lo nuestro (y sobre todo a "los nuestros") antes que lo mejor o incluso que lo bueno [...]

El resultado es el que describe Ortín para el caso de las Universidades con inmejorables ejemplos: que no podríamos incorporar a la enseñanza y la investigación pública a un elenco de premios Nobel porque ninguno de ellos cumpliría los criterios de acreditación, experiencia, cargos académicos y número de sexenios exigidos por las agencias que supervisan la "calidad" de nuestra ciencia, mientras que sí lo hacen con creces todas las mediocridades que el nuevo "sistema" sigue incorporando. [...]

Pero es muy peligroso confundir la persecución de la excelencia científica con la ambición de ganar a cualquier precio (o de situarse en los puestos de cabeza del campeonato), como parecen hacer quienes no ven el problema en el lamentable estado de la Universidad española, sino en su lugar en unas clasificaciones elaboradas por los "expertos en calidad", y por lo tanto no parecen querer mejorar la Universidad, sino únicamente la clasificación. Pues si es de esto último de lo único que se trata, ya Leoncavallo puso en boca de uno de los Pagliacci de su ópera aquello de que "para vencer hay que fingir", y por tanto no puede uno extrañarse luego de que se recurra a la trampa y al dopaje, o de que los profesores universitarios acaben luciendo en sus camisetas el logo de algunas empresas multinacionales para mejorar su presupuesto de investigación, que en tal caso estará bajo una sospecha tan siniestra al menos como la de la endogamia y el proteccionismo.

 Y no es el único que se ha despachado a gusto...

El incierto propósito de los eventos culturales

Raquel Herrera escribe en su blog acerca de algunos "vicios" comunes en los eventos culturales, más concretamente en jornadas de debate, conferencias, talleres u otro tipo de actividades de tipo divulgativo.

De entre sus ideas, extraigo tres puntos me dan pie para tratar algunas cuestiones, a saber:

1. La proliferación de ponentes con escasas dotes comunicativas o con tendencia al efectismo visual vacuo.

Este tema me empezó a obsesionar allá por mi primer año como universitario: ¿cómo es posible que un profesor / conferenciante se dedique a leer lo que lleva escrito en unos folios? ¿Cómo puedes invitar a dar una charla a alguien incapaz de hablar en público o reacio a hacerlo? En este aspecto, la Universidad tiene un problema serio: no diferencia a docentes de investigadores. En la práctica, esto significa que los estudiantes están obligados a tragarse a teóricos excelentes con una capacidad de comunicación nula mientras se pierden a grandes profesores que no han satisfecho los requisitos del filtro académico. Filtro, por cierto, curioso donde los haya, fundamentado en criterios cuantitativos: el objetivo del aspirante a profesor es acumular estancias de investigación, comunicaciones en congresos y artículos en publicaciones científicas, sin importar lo más mínimo la calidad de los citados méritos (que así los llaman)... Pero esa es otra historia.

2. La tendencia a ignorar el tema a tratar en unas jornadas y que cada conferenciante acabe hablando de lo que le da la real gana.

Esto puede parecer anecdótico, pero es realmente preocupante. Las conferencias no deberían ser organizadas para el lucimiento personal de quienes las imparten, sino para favorecer un debate productivo que redunde en beneficio de todos. Concebirlas como medios para que los invitados puedan añadir una línea a su currículum o desahogarse públicamente es, en mi opinión, una tomadura de pelo.

3. El creciente número de eventos "meta", dedicados a hablar del cómo ignorando el qué, a abordar el proceso descuidando el objeto (habla Raquel, en este punto y a modo de ejemplo, de los encuentros dedicados a analizar la gestión cultural sin atender a los propios contenidos culturales).

En este sentido, la pregunta que hay que hacerse es la siguiente: ¿cuál es el propósito de las actividades culturales? A menudo, ni siquiera sus organizadores tienen claro para qué convocan debates en los que nadie debate o conferencias que nadie escucha.

Puede parecer una exageración, pero muchos sabemos que no lo es. ¿Qué sentido tiene que todos los asistentes a una ponencia sean universitarios que van a "ganarse" un crédito de libre configuración o, peor incluso, estudiantes de la ESO obligados a ir?

En ocasiones, se llega a extremos incomprensibles. Sin ir más lejos, a principios de octubre me llegó información sobre unas jornadas organizadas por el Consello da Cultura Galega bajo el título de "Arte + Grandes Eventos". El programa era interesante; el calendario, "curioso" -miércoles y jueves a partir de las 10,30h-; no se preveía ningún tipo de cobertura online y, a día de hoy, ni siquiera están colgados en la red los vídeos de las intervenciones. Yo sólo puedo hacerme una pregunta: ¿había realmente alguna intención de favorecer el seguimiento y la participación en las jornadas?. Un miércoles a las 11 de la mañana, por lo general, la gente está trabajando; si no habilitas una forma alternativa de acceder a los contenidos, ¿qué pretendes? Con decir que les mandé un mail hace tres semanas, preguntando si iban a subir los vídeos, y no me han contestado...

Es la historia de siempre. A final de año las instituciones tiran de archivo, recordando la cantidad de actividades organizadas y la importancia de los ponentes invitados, como el niño que exhibe los cromos de su álbum. ¿Es esto promover el acceso a la cultura? Lo siento, pero no; y no podemos achacar esta situación a la falta de medios, porque a día de hoy no ese no es el principal problema.

Es necesario definir claramente los objetivos, formular las preguntas adecuadas, abandonar la retórica grandilocuente en torno al papel del arte y la cultura para comenzar a gestionarlos de una manera socialmente productiva. Afortunadamente, muchos ya se han dado cuenta.